ESTADO DE MEXICO.- Decenas de padres de familia y niños y niñas con capacidades diferentes protestan afuera del Centro de Atención Múltiple 33 y 34 de Ecatepec, para pedir la reinstalación del director Agustín Estrada Negrete, despedido por ser homosexual. Una multitud de policías entra a escena, acorralan a los manifestantes. Un grupo se va contra la quinceañera Alejandra Guzmán, y aunque ella les advierte que sufre convulsiones, la masa uniformada la arrastra de los pelos, la empuja, la patea y la avienta a una patrulla, como si fuera un bulto. Alguien la envuelve en una cobija antes de llevarla a la Procuraduría. La niña recuerda que la querían desmayar a golpes en la cabeza y que, antes de desvanecerse, tenía una agente saltándole sobre la cadera y otra sentada encima.
Esto ocurrió el 7 de mayo en Ecatepec, a las puertas de la escuela para niños con habilidades diferentes que levantó el maestro Estrada Negrete y que desde entonces es resguardada por una docena policías con armas largas. Así se aprecia en la grabación que tiene Proceso. El país estaba en plena alerta sanitaria por influenza; los funcionarios mexiquenses que presencian el desalojo se identifican en las imágenes por llevar cubrebocas.
La grabación da cuenta de cómo en Ecatepec se activaron los mismos resortes policiacos con los que el gobernador Enrique Peña Nieto repelió las manifestaciones de Atenco en febrero de 2006. Entonces el saldo fue de 26 mujeres abusadas sexualmente por policías.
En febrero ya había ocurrido un desalojo similar en esa escuela para niños especiales. Entonces varios menores de edad se convulsionaron, mamás y papás fueron golpeados, y niños como Luis Lezama, de 11 años, que quería defender a su hermana sorda de la golpiza, debió tragar gases lacrimógenos. Otra niña, Julia Daniela, de ocho años y con microcefalia, fue empujada por policías y su mamá aventada por tratar de defenderla.
El saldo en el operativo de mayo, según los testimonios recabados, fue la expulsión masiva de menores de edad con capacidades diferentes que estudiaban la secundaria, el desalojo violento de los manifestantes y la golpiza a varias personas, entre ellas un abogado y al director Estrada Negrete –ambos homosexuales– y la violación tumultuaria a este último.
Recados
La ira institucional contra Estrada Negrete se desató el 17 de mayo de 2007, cuando se caracterizó de mujer para representar un número musical de La Jaula de las Locas, con varias mamás, en un festival contra la homofobia organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Cuando su foto apareció en los periódicos, varios maestros pidieron su destitución, lo acusaron de travestirse en clases y recibió reclamos de la Secretaría de Educación estatal. Padres de familia con los que construyó la escuela, que antes era un basural, salieron en su apoyo y organizaron manifestaciones.
Según la versión del exdirector, luego de varios meses de tensiones, aceptó la propuesta de la Secretaría de Educación de tomar una licencia y separarse temporalmente de sus funciones para que los menores regresaran a clases.
El 16 febrero de 2009, fecha del vencimiento de la licencia, después de entregar su informe pedagógico, intentó entrar a la escuela acompañado por padres de familia, pero policías y funcionarios les negaron el acceso.
Desde entonces tampoco permiten la entrada a los estudiantes de secundaria que él había admitido durante su gestión, que tomaban clases con maestros del INEA, ni a los hijos más pequeños de las mamás que lo apoyaron, que asisten a primaria y preescolar,.
“Mi hijo tiene incapacidad intelectual y motriz, nos dijeron que los lleváramos a otra escuela. Pero ¿dónde me lo van a recibir si no lee de corrido y ya tiene 14 años?”, dice Rosalinda Ordaz, madre de un adolescente con discapacidad intelectual que sufre convulsiones.
Los menores excluidos tomaron clase durante dos meses afuera de la escuela, en la banqueta, debajo de una lona.
“Estábamos bajo un solazo, ni dónde ir al baño, y ahí pasan las combis, teníamos miedo de que los fueran a atropellar; tenía que ir una mamá con ellos”, narra Delfina Guzmán, madre de tres adolescentes de lento aprendizaje con problemas de convulsión de 12, 14 y 15 años.
En el intento por ser reinstalado en su cargo, Estrada Negrete se topó con funcionarios de las secretarías de Gobernación y Educación estatal, así como de la Comisión de Derechos Humanos local, que le negaban su reingreso con un mismo mensaje como colofón: “El gobernador no quiere putos”.
El 7 de mayo las familias bloquearon la escuela y se armó la golpiza documentada en el video. El maestro y varias mamás se dirigieron Toluca a protestar al Palacio de Gobierno, pero, en vez de funcionarios, los recibieron policías que se llevaron y golpearon a su acompañante, el abogado Jaime López Vela, director de Agenda LGBT, una organización que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e transexuales en México.
Estrada Negrete pidió que soltaran a López Vela y se ganó una golpiza. Una fotografía publicada en Internet da cuenta del momento en que los policías lo suben violentamente a una ambulancia. Adentro lo patean y le aplastan los testículos.
“Me decían que el gobernador no quiere putitos, que renuncie, que soy mal ejemplo para los niños, que si insisto más me iban a matar. Me llevaron a los sótanos de la Procuraduría, me levantaron la camisa, me volvieron a pegar en el estómago”, dice en entrevista.
De la Procuraduría lo llevaron directo al penal de máxima seguridad en Almoloya, acusado de obstrucción a las vías de comunicación. No pasó por los separos. Cuando la puerta se abrió un custodio lo recibió a cachetadas y a gritos de “pinche putito”. Lo entregó a un preso que lo condujo por entre las celdas.
En el trayecto, los otros reos lo iban desnudando. Lo dejaban sin pantalón, sin camisa, sin chaleco, sin zapatos, mientras lo amenazaban con gritos de “aquí te vamos a hacer machito” o “esta es la jota de la Marcha Gay”.
Pasó la noche de pie en la celda 4 por falta de espacio. Uno de los inquilinos le prestó una pantalonera azul y una sudadera con capucha. Al día siguiente, otro le aconsejó que llamara a su familia para avisarles dónde estaba. Mientras pasaba entre las celdas 1 y 2, sintió un golpe en la espalda, le taparon la cara con la capucha, lo patearon, lo asfixiaron, lo jalaron hacia una celda, lo sostuvieron entre varios de las manos y los pies, le desgarraron la ropa y lo violaron por turnos.
“Fueron aproximadamente 12 los que lo hicieron”, llora mientras lo narra.
“Por cerrar calles te vamos a cerrar el culo”, le gritaban, y algunos le advertían que no tenía que regresar a la escuela. Un preso intercedió por él y lo dejaron. Débil, a punto del desmayo, quedó tendido en el suelo. Se dirigió al teléfono público y le pidió ayuda a su hermana. Alguien le arrebató la tarjeta telefónica y, frente a los custodios, otra vez lo violaron.
Su familia pagó los 26 mil pesos que le exigieron de fianza y la noche del sábado 9 de mayo obtuvo su liberación. “Quise denunciarlo, pero en el Estado de México no me quisieron levantar un acta”, dice, y llora con más tristeza. Al abuso sexual se le sumó la humillación de ser ignorado por su preferencia sexual.
Cuando lo soltaron, el colectivo LGBT le tramitó un pase a la Clínica Condesa para que se sometiera a exámenes de detección de VIH y de enfermedades venéreas. “Salió negativo, no sé dentro de tres meses qué pase”, dice resignado.
En la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su denuncia tampoco tuvo eco. Le dijeron que tenía que acudir a las instituciones mexiquenses.
La Red Todos los Derechos para Todos y Todas lanzó una acción urgente y ha recibido el apoyo de eurodiputados y organizaciones internacionales.
“Ha sido un camino un poquito difícil, pero aquí estamos. Trato de mantenerme entero aunque estoy prácticamente condenado a muerte por el gobernador, que es homofóbico, y todo su aparato represor”, dice desde la Ciudad de México, donde está escondido por miedo a ser asesinado.
Su caso no es aislado. Alejandro Brito, director de Letra S, señala que el Estado de México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia, con 63 asesinatos en 10 años. La cifra, dice Brito, puede ser tres o cuatro veces mayor a la que se documenta en la prensa.
El código penal mexiquense, a diferencia de otros más avanzados, no castiga actos de discriminación ni a quien promueve crímenes de odio, menos por motivos de orden sexual.
Dentro del gobierno mexiquense, la Secretaría de Educación encabeza la lista de dependencias discriminatorias, según la CEDH.
Los testigos
En el desalojo de febrero, “llegaron granaderos y empezaron a aventar a los niños y a las señoras. En ese momento mis dos hijas convulsionaron y su sobrina de ella. Se pidió una ambulancia que no llegó, las personas de derechos humanos estaban nomás viendo”, narra una señora desde el galerón donde toman clases los menores, con una cortina como puerta del baño improvisado.
La chica que aparece en el video del 7 de mayo, a la que la encobijan y suben a golpes a la patrulla, está presente.
“Al principio nada más me agarraron y jalaron, se me amontonaron. Yo les dije que por qué me iban a pegar si soy menor de edad y mujer, que me dejaran porque me convulsiono. Me dijeron que si me moría sería mejor paran ellos, así nomás me iban a aventar a un barranco a que me comieran los perros. Una me metió un puñetazo en la boca, me azotaron la frente contra una banqueta para desmayarme a puro golpe de cabeza. En la patrulla me desmayé porque iba una sentada en mi cabeza y otra brincando en mi cadera. Cuando desperté estaba en el MP, me acusaron de que estaba teniendo relaciones en un carro”, dice la quinceañera Alejandra Guzmán, quien es de lento aprendizaje.
Los aventones también le tocaron a Julia Daniela, una niña de ocho años con microcefalia, que fue llevada a la bodega para que su mamá diera su testimonio. Ella es una de las menores que no volverán a clase al CAM y que se la pasa encerrada en casa.
Luis Lezama, un chiquillo de pelo engominado y peinado como tiburón, dice: “Ya se querían llevar a mi hermana y por defenderla, porque la estaban golpeando y se podía convulsionar, me echaron gas lacrimógeno en los ojos, me ardía todo alrededor. Y sí le pagaron, aunque es discapacitada; trae moretones por los macanazos”.
Una anciana cuenta: “Yo jalé a un policía para que no golpeara a mi hijo, y me aventaron y me caí”. Jesús Guillermo, un adolescente de 17 años y con dificultades para hablar asegura que “le pegaron a mi papá, los granaderos, lo empujaron los granaderos”, y después de terminar la frase comienza a temblar.
Las mamás que cuidan a los niños en la escuela improvisada sostienen que defendieron al maestro por justicia, porque él construyó la escuela.
“Era un campo con tres salones de cartón prensado, con todos los niños revueltos, y teníamos que pedir que les dieran permiso en otra escuela para ir al baño. Era un basurero de por sí, había rocas, víboras, ratas, muchas cosas. Estaba feo”, recuerda la señora Reyna Escobar, madre de un niño de lento aprendizaje y con problemas de lenguaje.
Los alumnos eran la burla del barrio. Al basural lo conocían como ‘la escuela de los locos’. Coinciden en que “el maestro Agustín” convocó a la gente para que hicieran “faena” sábados y domingos. Tras año y medio de acarrear grava y arena, echar cemento y poner tabique, construyeron 10 salones y la dirección, pusieron piso y rampas. También consiguió maestros.
Agustín Estrada Negrete incluyó a los alumnos que se graduaban de primaria y consiguió maestros del INEA para que les dieran clases de secundaria en esas instalaciones, además de enseñarles un oficio. Muchas familias mexiquenses de rumbos lejanos buscaban matricular a sus hijos en esa escuela porque ahí no sólo los capacitaban para el trabajo, como ocurre con el resto de niños que se gradúan de primaria y siguen el plan del gobierno mexiquense para adolescentes especiales.
“Él también nos hizo pensar que no teníamos que discriminar a nuestros hijos, que había que defenderlos con uñas y dientes y aceptarlos como son. Muchos de nuestros niños toman medicamentos caros y cuando no tenían él hacía vendimias o rifas, o de su bolsa sacaba dinero”, dice Reyna Escobar, mamá de Gerardo, un niño con dificultades de lenguaje y aprendizaje.
Ellas aseguran que, en las manifestaciones, los funcionarios les dijeron que el gobernador los había mandado a golpearlas. Por eso, los carteles que tienen en la bodega: “Peña Nieto homofóbico y represor”.
Irregularidades
El subsecretario de Educación Básica del gobierno mexiquense, Ernesto Monroy Yurrieta, dice que Estrada Negrete miente, porque fue él quien solicitó licencia para realizar estudios de capacitación, sin presiones de ningún tipo, y que siguió percibiendo su sueldo.
En entrevista rechazó que se le hubiera discriminado por su orientación sexual; prueba de ello, asegura, es que desde 2004 era director. No se manifestó sobre la acusación que el maestro hace de golpizas y violación por órdenes del gobernador; el funcionario sólo mencionó que tendrá que probarlo.
Agustín Estrada Negrete “no hizo ningún trámite de reincorporación, no lo ha hecho ni ha dado reporte completo y satisfactorio, como marca la reglamentación, por el año que solicitó el permiso; por tanto, no ha sido reincorporado. No cumplió y los tiempos están vencidos. No puede ingresar con movilizaciones o presiones sociales si no cumple los requisitos. Durante los 8 o 10 meses del periodo con goce de sueldo no reclamó nada y siguió cobrando su sueldo”, dijo en entrevista.
Según el funcionario, la Secretaría hubiera querido que Estrada se reincorporara en actividades de más nivel para aprovechar de mejor manera sus capacidades y su aprendizaje. Y señaló que, antes, los padres de familia se habían quejado de que Estrada “no realizaba las actividades completas”, llevaba a niños a manifestaciones políticas y había incluido ilegalmente a niños de secundaria en la escuela que, por su edad, no podían estar con los de preescolar y primaria.
Dijo que los CAM 33 y 34 tienen una “matrícula muy amplia”, de 199 niños, y que a los adolescentes de secundaria no se les pudo admitir, pero podrán ser incorporados a otros centros que ofrecen talleres.
Admitió que la escuela está resguardada por policías y que se apoyaron en los cuerpos policiacos para quitar un candado, pero negó que se hubiera usado la fuerza, a pesar de que el video documenta la violencia
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